La Asociación Dominicanas de Empresas de Courier (ASODEC) expresó su oposición al anuncio de la Dirección General de Aduanas (DGA) de gravar las importaciones de consumidores de menos de doscientos dólares (US$200.00). Calificaron la disposición de ilegal, además de perjudicar directamente a los consumidores dominicanos.

José Burdie, Presidente de la Asociación, manifestó que la medida anunciada violaría claramente las disposiciones del Decreto 402-05 respecto al Despacho Expreso de Envíos. Afirmó que “es inaudito y aberrante que una institución como Aduanas, de forma puramente administrativa, pretenda modificar el mandato expreso de un Decreto, que por demás también formó parte de los acuerdos aprobados en el marco de la implementación del DR-CAFTA. Eso viola las reglas más fundamentales del Estado de Derecho.”

ASODEC expresó que además de ilegal, la medida tomada de forma irregular por Aduanas, contradice directamente lo planteado por el Presidente Danilo Medina a propósito de la reforma fiscal del 2012, cuando manifestó expresamente a la opinión pública del país que la eliminación de esa exención “vulneraría un derecho adquirido por la población dominicana”.

El Presidente de la Asociación explicó que la medida que intenta implementar Aduanas implicaría una carga fiscal directa a losconsumidores que adquieren bienes de menos de US$200.00 en el exterior de entre un 18% y un 38%, correspondiente a ITBIS y aranceles. Indicaron que dichos montos serían una dura carga para la clase media, que es la que más realiza este tipo de compras como una forma de aliviar las múltiples presiones económicas y los altos precios de muchos productos en el mercado local.

Igualmente, ASODEC explicó que dicho mecanismo, además de ilegal, atentaría contra los mecanismos de despacho de mercancía expresa, ya que generaría enormes retrasos que resultan incompatibles con la agilidad que se supone que tenga este tipo de servicio.

ASODEC lamentó que los funcionarios de Aduanas cedan a las presiones impuestas por la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) y de otras organizaciones del sector privado y que intenten proteger los intereses de dicho sector en desmedro del interés de los consumidores del país. En ese sentido, calificaron como “preocupante que desde el Estado se favorezcan los intereses dealgunos grupo empresariales, mientras se pisotea un derecho adquirido de decenas de miles de consumidores dominicanos».